Compartimos una nota sobre un fallo que obligó al Municipio de Tigre y a la Provincia a garantizar los servicios básicos para los vecinos/as del barrio Garrote. Esto marca un antecedente jurídico para la efectiva implementación de la Ley de Acceso Justo al Hábitat en territorio bonaerense.
Foto: El Argentino Zona Norte
El barrio Garrote es un asentamiento informal de cuarenta años de antigüedad, ubicado en el municipio de Tigre. Se emplaza sobre las costas del río Luján y el canal de San Fernando, en una zona baja inundable. El mismo es habitado actualmente por aproximadamente 800 familias, que viven en condiciones de suma precariedad, sin acceso a servicios urbanos básicos como cloacas, agua potable, gas, recolección de residuos, entre otros.
Asimismo, en un terreno lindero está en marcha la construcción de un barrio cerrado denominado “Venice”, desarrollado por la empresa TGLT. Dicha construcción amenaza con aumentar el riesgo de inundabilidad de la zona y, en particular, de los terrenos sobre los que se asienta Garrote.
Ante esta situación de precariedad estructural del barrio, que se agrava por la construcción de Venice, los vecinos, con el patrocinio jurídico del CELS, iniciaron una demanda contra la empresa constructora, la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de Tigre. La demanda tiene el doble objetivo de, por un lado, lograr que se pongan a disposición los estudios técnicos que avalan la construcción de Venice y, por el otro, exigir la integración socio urbana del barrio, a través de la efectiva implementación de la Ley de Acceso Justo al Hábitat de la Prov. Bs. As., Nº 14.4449.
De esta manera, más allá de la violación de derechos humanos que suponen las malas condiciones de vida en las que vive la población de Garrote, el litigio por la urbanización del barrio constituye una estrategia para generar antecedentes jurídicos que favorezcan la efectiva implementación de dicha ley.
En este marco, en una sentencia ejemplar en términos de reconocimiento y del manejo de los tratados internacionales de derechos humanos, esta semana el Juez Luciano Enrici del Juzgado Contencioso Administrativo n° 2 de San Isidro resolvió obligar al municipio de Tigre y a la Provincia de Buenos Aires a proveer a los habitantes de Garrote los servicios urbanos básicos. El Juez entendió que las exposiciones ambientales distaban de un ambiente adecuado y que por ello estaban en riesgo el derecho a la vida y a la salud de los vecinos. El Juez tomó esta decisión luego del pedido del CELS, una visita personal al barrio y una audiencia con todas las partes. En particular, el Juez obliga al Municipio y a la Provincia a realizar acciones para garantizar, en un plazo de 60 a 120 días, la recolección de residuos, fumigación y la limpieza del barrio en general y de las costas del río Luján y del canal de San Fernando, la mejora del sistema de saneamiento y la provisión de agua potable.
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Fuente: CELS
