Comunicado de HABITAR Argentina sobre proyecto de ley de regularización dominial

Desde HABITAR Argentina acompañamos el Proyecto de Ley Federal de Regularización Dominial enviado por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso Nacional. Creemos que es fundamental elaborar normativas que apunten a la inclusión social de las 539.629 familias que, de acuerdo al censo de 2010, se hallan en una situación irregular de tenencia de la tierra.

Celebramos que se recopilen los avances que se dieron en los últimos doce años en términos de construcción y acceso a la vivienda e igualdad estructural y, por otra parte, el reconocimiento de que no ocurrió la misma situación en lo que respecta al cumplimiento de los derechos de los poseedores de tierra y vivienda.

HABITAR promueve desde 2010 varios proyectos de ley que en algunos aspectos se ven reflejados en la actual normativa en debate. Así, observamos que se consideran adecuadamente gran parte de las propuestas de HABITAR sobre la creación del programa de regularización - que ya contaba con la aprobación por unanimidad del Senado- y, además, prevé cuestiones que impulsamos sobre procedimiento de desalojos y producción social del hábitat.

En el Consenso Nacional para un Hábitat Digno, HABITAR sostiene: “Las condiciones de informalidad e inseguridad en la tenencia, tanto en el ámbito urbano como rural, componen escenarios de vulneraciones de derechos, frecuentemente encuadradas en violentos desalojos por parte de redes de ilegalidad ligadas a diversas actividades económicas (desde la narco-criminalidad hasta el monocultivo) que disputan el territorio”. Por eso, en ese documento se señala la necesidad de “desarrollar políticas y programas más amplios de regularización de la tierra urbana y rural al mismo tiempo que se garantice la tenencia segura”.

Entre los principales aciertos del proyecto de ley resaltamos:

• El reconocimiento de la ocupación informal a nivel federal.
• La declaración de interés social de la regularización dominial. 
• La inclusión de barrios, viviendas individuales y unidades productivas tanto urbanas como rurales. 
• La creación de un Registro de Barrios y Viviendas Informales; del Consejo Federal para la Regularización Dominial y el Fondo Permanente para la Regularización (que permite la compra de inmuebles en proceso de regularización). 
• El reconocimiento de la existencia de conflictos judiciales y extrajudiciales que se producen por la falta de regularización. 
• La participación y el rol de las organizaciones sociales, ONGs e instituciones académicas.

Sin embargo, creemos oportuno señalar algunas modificaciones claves a fin de que el proyecto adopte una impronta clara y acorde con los compromisos de derechos humanos asumidos por nuestro país. Los cambios tienen que ver con:

• Incluir como principios rectores la seguridad en la tenencia como derecho humano; la priorización de la respuesta estatal según nivel de vulnerabilidad de la población; la equidad de género en la titulación dominial; la consulta y participación de los vecinos y vecinas involucrados/as y sus organizaciones; la producción y acceso a la información y la priorización de soluciones in situ por sobre las de relocalización. 
• En lo que respecta a desalojos, proponemos que el juez notifique a la Autoridad de Aplicación para que informe si la vivienda o el barrio se encuentran inscriptos en el Registro de Barrios y Viviendas Informales, y si cuentan con proyectos de intervención tendientes a solucionar la situación de vulnerabilidad de las familias involucradas. Por otra parte, consideramos fundamental que el/la juez/a suspenda el desalojo por el término de CIENTO OCHENTA (180) días, a fin de que se propongan soluciones alternativas al conflicto suscitado.

Sostenemos que estas propuestas implican cambios minúsculos en términos de redacción del articulado, pero representan señales claras para la actuación práctica de los órganos encargados de su aplicación.

HABITAR ARGENTINA es un colectivo conformado por organizaciones, instituciones académicas, movimientos sociales y legisladores/as, que trabajan con el objeto de generar un marco normativo para garantizar el derecho a la vivienda, la tierra y al hábitat digno para todos.