Repudio a otro desalojo violento: ahora en Almirante Brown

La Policía Bonaerense reprimió a 250 familias que vivían en el Barrio Las Cavas en Rafael Calzada, partido de Almirante Brown. Los vecinos y vecinas fueron agredidos con balas de goma, gases y topadoras del Municipio.

                        Fotos: gentileza FOL

Desde enero de 2016 las familias residían en un predio que, según informaron en un comunicado, era un basural. Por lo tanto, existían dos necesidades conjuntas: la tierra y dejar de vivir entre los residuos. Sin embargo, el lunes 6 de junio recibieron la notificación de que, si no se retiraban en las siguientes 24 horas, las iban a desalojar.

Además la policía utilizó la Casa del Niño, un lugar donde se realizan actividades y funciona un  merendero para los/as chicos del barrio, como centro de operaciones, es decir que no se pudieron llevar a cabo las tareas que cumplía este espacio y permaneció cerrado para la comunidad.

El Municipio de Almirante Brown propone hacer un censo una vez finalizado el desalojo. Pero los/as vecinos/as de Las Cavas solicitan subsidios para alquilar terrenos no contaminados, un lugar donde vivir y materiales para construir y resolver la problemática habitacional.

Constituye una violación de derechos humanos que la Municipalidad impulse un desalojo de sus tierras sin brindar una solución habitacional a las familias desalojadas. Esto es lesión grave al derecho a la vivienda y a la salud de las familias. Los censos y el relevamiento poblacional se deben hacer con anticipación al desalojo al igual que la elaboración de alternativas habitacionales consensuadas con la población. La práctica de desalojos en la Provincia de Buenos Aires desatendiéndose del destino de las familias desalojadas sin implementar políticas que garanticen el derecho a la vivienda es cotidiana y alarmante.

Por eso, desde HABITAR Argentina repudiamos el violento desalojo en Almirante Brown. Observamos con estupor que, en lo que va del año, se han producido numerosos operativos que con frecuencia concentran violaciones a los derechos humanos. Exigimos una respuesta habitacional justa para las familias y advertimos que, como lo planteamos en el Consenso Nacional para un Hábitat Digno, los procedimientos de desalojos deben orientarse a garantizar la participación de la comunidad, la seguridad de todas las personas y las condiciones para la gestión política de los problemas de fondo presentes en el conflicto.