Camino a una ley para inquilinos e inquilinas: desafíos y tensiones en la lucha por alquileres más justos

El diario La Nación publicó hoy una nota afirmando que el Gobierno prepara un proyecto de ley para regular el mercado de alquileres (http://www.lanacion.com.ar/1981436-el-gobierno-prepara-un-proyecto-de-ley-para-regular-los-alquileres). Según el artículo, que cita fuentes oficiales del Ejecutivo, esta iniciativa buscaría “neutralizar” al proyecto presentado por la Senadora Silvina García Larraburu, elaborado junto al colectivo de organizaciones “Frente de Inquilinos Nacional”, que cuenta con la aprobación unánime de la Cámara de Senadores.

El proyecto aprobado en el Senado extiende a tres años el plazo de contrato, y propone una regulación objetiva de la actualización del valor del alquiler. Las propuestas constituyen un importante avance en el reconocimiento de derechos de los/as inquilinos y las inquilinas y cuentan con amplio consenso entre sus organizaciones. En este sentido, consideramos que el proyecto debe ser tenido en cuenta como el piso desde el cual, en todo caso, avanzar hacia una regulación más integral, que mejore aún más las condiciones de los inquilinos y las inquilinas.

HABITAR Argentina promueve el Consenso Nacional para un Hábitat Digno (www.consensohabitar.org.ar), una plataforma de diez ejes de política pública para mejorar las condiciones de acceso a la tierra y a la vivienda.  Entre ellos, impulsa un nuevo marco regulatorio del mercado de alquileres orientado a:

a) reducir los incrementos de costos debidos a la intermediación (comisiones y honorarios).

b) eliminar los abusos en las exigencias a los inquilinos e inquilinas para acceder a la vivienda (garantías personales y reales) y en las cláusulas que definen las responsabilidades de las partes trasladando las obligaciones del locador/a al inquilino/a.

c) asegurar la habitabilidad adecuada de las edificaciones.

d) regular el precio de las transacciones a través de valores testigos o de referencia.

e) establecer sanciones e impuestos progresivos para quienes retengan especulativamente inmuebles ociosos.

A nivel nacional, la vivienda en alquiler fue la forma de tenencia que más creció en el país entre 2001 y 2010: pasó de un 11 a un 16% como promedio nacional, y en algunas de las grandes ciudades sobrepasó un aumento del 25%. Según la EPH del segundo trimestre 2016, esta forma de tenencia alcanzó al 17.5% de los hogares, esto es, aproximadamente 7 millones de personas. Adicionalmente, el alquiler de inmuebles fue, durante 2016, el tipo de inversión de más alto rendimiento según datos del BCN, mostrando las fuertes desigualdades que imperan en este mercado.

Una ley de alquileres debe garantizar el acceso más amplio y más justo a una vivienda a través del mercado formal. Un abordaje legislativo serio, responsable y democrático de este importante desafío debe lograr una norma que reduzca las desigualdades y garantice que el alquiler de vivienda sea asequible para todos y todas.

El objeto a legislar en este caso es un derecho fundamental que el Estado está obligado a garantizar: el derecho a una vivienda adecuada. Regular el mercado de alquileres es una condición insoslayable para materializar esa garantía y esa es una tarea tan compleja como indispensable.