Desde Habitar Argentina,
“Iniciativa
multisectorial por el Derecho a la Tierra, la vivienda y el Hábitat” expresamos
nuestro repudio ante la
profundización y el avance de políticas restrictivas y represivas implementadas
por funcionarios del ámbito municipal traducidas en la aprobación de ordenanzas
sancionatorias y prohibitivas ajenas a contextos democráticos, participativos e
inclusivos. El reciente intento de desalojo de las familias que habitan el barrio
10 de Febrero es sólo una muestra más de una política sistemática de exclusión
y discriminación que niega el derecho al suelo y a una vivienda adecuada a los
sectores más desprotegidos de la sociedad.
Manifestamos también nuestra solidaridad y apoyo a las numerosas familias que habitan
los asentamientos y barrios de la ciudad
de Ushuaia, reconociendo las mínimas y adversas condiciones de habitabilidad y de vida agravadas por condiciones climáticas
invernales tan hostiles de la zona Reivindicamos también sus procesos de
organización, lucha y resistencia colectiva.
Desde los últimos años la gestión y la política local habitacional -urbana, se caracterizo por
priorizar una ciudad “estética” orientada al perfil turístico-hotelero en
desmedro de las condiciones de habitabilidad de las familias trabajadoras
que habitan los barrios populares. Es en este contexto que se implementaron las siguientes
medidas: cierre del registro de tierras y apertura del registro de demanda habitacional; sanción a
las familias ocupantes argumentando la ausencia de conducta cívica; prioridad
de entrega de tierras sólo por convenios de gestión colectiva a sindicatos
enmarcados en el trabajo asalariado y formal.
Desde la Legislatura Provincial, la ausencia de un marco
regulatorio superador al respecto también es notoria. La declaración de la crisis habitacional- urbana reconocida por ley provincial 746 en 2007 y
prorrogada por otras dos leyes provinciales ley 766 y ley 789 contradicen el
espíritu y contenido establecidos en
dichas normativas. Por otro lado, proyectos como el de Autogestión del
Hábitat, que fueran promovidos por diferentes organizaciones sociales, duermen
el sueño de los justos en los cajones del parlamento provincial. Contrariamente
se avanza con los desalojos sin considerar los estándares internacionales establecidos
en la Observación 4 y 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, preocupación que también fue compartida y señalada en su informe
por la Relatora de Naciones Unidas por el Derecho a una Vivienda Adecuada, la Dra.
Raquel Rolnik, en su informe sobre su visita al país en 2011.
En este sentido, desde Habitar Argentina, ponemos a disposición y en debate un conjunto de propuestas y herramientas
legislativas que cuentan con estado parlamentario en el ámbito nacional:
Ley de Ordenamiento Territorial (S 2843/13), Sistema
Integral de Vivienda y Producción Social del Hábitat (S 2583/13), Regulación
del proceso de Desalojos (2744 D 2013), Regularización Dominial Urbana (4856 D
2013).
Entendemos que la implementación de estos instrumentos legislativos elaborados
consensuadamente sobre la base de principios compartidos como la función social
de la propiedad, la gestión democrática de las ciudades y la prevalencia del
interés general sobre el particular son un valioso aporte para generar políticas públicas inclusivas y acercarse a
garantizar el derecho a una vivienda adecuada
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