Se invita seguir sumando adhesiones.
Elementos a tener en cuenta en una ley marco de hábitat social
(Se invita a los participantes de la Jornada a adherir al documento)
1.- DiagnósticoLa política habitacional que se ha instrumentado en las últimas décadas fracasó ya que:
· El déficit habitacional se mantuvo en términos absolutos entre los dos últimos censos (1991-2001), persistiendo desde entonces, hecho que se observa en el crecimiento de las villas y las nuevas ocupaciones y asentamientos que se siguen produciendo como respuesta espontánea de la población ante la falta de soluciones reales.
· Numerosas provincias y ciudades han declarado o solicitado en sus legislaturas la emergencia habitacional (Ciudad de Bs. As., Córdoba, Tierra el Fuego, Bariloche, Salta, Neuquén, etc.).
Ello se debe a la mala distribución del ingreso y que desde el Estado:
· No hay una planificación a mediano y a largo plazo que tengan por objetivo resolver el déficit habitacional y atender el crecimiento vegetativo de la población.
· No existen líneas de crédito accesibles (en tasa y en plazos), ni siquiera para los sectores medios.
· Los recursos públicos que se invierten en vivienda y urbanismo son insuficientes, el Fonavi fue desfinanciado (Ley 23.966) y sufre desvíos en la asignación de fondos (ley 25.570).
· La mayor parte del presupuesto se destina a la construcción de viviendas llave en mano, que no responde a la demanda principal (acceso a la tierra y regularización dominial, ampliaciones y mejora de viviendas existentes y créditos para la autoconstrucción), lo que permitiría un mayor número de soluciones habitacionales por peso invertido.
· Persisten los desalojos, lo que indica que el derecho a una vivienda digna es menos considerado por los jueces que el derecho de propiedad.
2.- Propuestas
· Asumir como Política de Estado un Plan con objetivos y metas a mediano y largo plazo para resolver el déficit habitacional, con la participación y el compromiso de todas las jurisdicciones del Estado, como parte integral de las políticas sociales económicas, de ordenamiento urbano y de ocupación del territorio.
· Implementar una gestión democrática y participativa que incluya mecanismos de participación de las organizaciones sociales y de la población en las instancias de diagnóstico, diseño, ejecución, evaluación y control de los planes, programas y proyectos en materia de vivienda y hábitat en sentido amplio (infraestructura básica, equipamiento social y servicios).
· Incrementar los recursos destinados a la política de vivienda y urbanismo, aumentando su participación en relación al PIB, del 0,7% actual hasta alcanzar en forma gradual el 2%, en un plazo de cinco (5) años entre la nación, las provincias y los municipios.
· Diversificar las operatorias habitacionales y priorizar la aplicación de los fondos públicos en la población que no puede acceder por sus propios medios, promocionando su participación como parte de la solución al problema (créditos para compra de terrenos y materiales para la autoconstrucción individual o colectiva, para asistencia técnica, vivienda semilla, evolutiva, mínima, etc.) e incorporar recursos no convencionales como la participación de los beneficiarios organizados en cooperativas, mutuales, sociedades civiles, junto a ONGs, instituciones académicas, Mipymes y la readecuación de los organismos del Estado para que se adapten y participen en este tipo de programas.
· Garantizar la función social de la tierra urbana, facilitando su acceso mediante la cesión de tierras públicas, facilidades para su compra o regularización dominial.
· Prohibir los desalojos forzosos a familias en condiciones de vulnerabilidad económica y social si antes el Estado no ofrece alternativas.
Queremos una política habitacional nacional con un Estado que planifique, promueva y articule, que compense la lógica del mercado inmobiliario, que evite la captación de las políticas de vivienda social por el solo interés de las empresas constructoras o de prácticas clientelares que impiden la organización y el desarrollo de los destinatarios de la política social.
Que se impulse una política nacional del desarrollo territorial, es decir, pese a que nuestro sistema de gobierno involucra dentro del Estado tres niveles con poder de decisión propios, buscar los mecanismos para aunar las soluciones evitando la dispersión de normas aplicables de carácter local, sin ver el conjunto.
Que se establezca la función social de la propiedad, privilegiando el interés general por sobre el individual y garantizando el derecho a la ciudad, a la tierra, y al lugar donde vivir y desarrollarse, que es esencial para cualquier ciudadano.
Que el Estado regule los mercados de tierra y vivienda, con las propuestas de políticas de hábitat que busquen fundamentalmente:
a.- Captación de tierra ociosa (a través de instrumentos como la creación del banco de tierras social). La tierra es un bien que se agota, por lo tanto es obligación del Estado contar con el elemento base para las políticas de regularización dominial y de vivienda.
b.- Captación de la Plusvalía que el mercado inmobiliario adquiere en detrimento de los beneficiarios, muchas veces sin razón, ya que el propio estado a través de obras de infraestructura, mejora el precio de una zona y ese enriquecimiento es aprovechado por los particulares en menoscabo de los beneficiarios y del propio Estado.
c.- Programas para solucionar tanto problemas de infraestructura básica (apertura de calles, desagües pluviales, luz, agua, gas) como también social (transporte, acceso a la salud, a la educación), problemas de vivienda y problemas ambientales (desde la polución, contaminación de napas, basura, etc.).
(Se invita a los participantes de la Jornada a adherir al documento)
1.- DiagnósticoLa política habitacional que se ha instrumentado en las últimas décadas fracasó ya que:
· El déficit habitacional se mantuvo en términos absolutos entre los dos últimos censos (1991-2001), persistiendo desde entonces, hecho que se observa en el crecimiento de las villas y las nuevas ocupaciones y asentamientos que se siguen produciendo como respuesta espontánea de la población ante la falta de soluciones reales.
· Numerosas provincias y ciudades han declarado o solicitado en sus legislaturas la emergencia habitacional (Ciudad de Bs. As., Córdoba, Tierra el Fuego, Bariloche, Salta, Neuquén, etc.).
Ello se debe a la mala distribución del ingreso y que desde el Estado:
· No hay una planificación a mediano y a largo plazo que tengan por objetivo resolver el déficit habitacional y atender el crecimiento vegetativo de la población.
· No existen líneas de crédito accesibles (en tasa y en plazos), ni siquiera para los sectores medios.
· Los recursos públicos que se invierten en vivienda y urbanismo son insuficientes, el Fonavi fue desfinanciado (Ley 23.966) y sufre desvíos en la asignación de fondos (ley 25.570).
· La mayor parte del presupuesto se destina a la construcción de viviendas llave en mano, que no responde a la demanda principal (acceso a la tierra y regularización dominial, ampliaciones y mejora de viviendas existentes y créditos para la autoconstrucción), lo que permitiría un mayor número de soluciones habitacionales por peso invertido.
· Persisten los desalojos, lo que indica que el derecho a una vivienda digna es menos considerado por los jueces que el derecho de propiedad.
2.- Propuestas
· Asumir como Política de Estado un Plan con objetivos y metas a mediano y largo plazo para resolver el déficit habitacional, con la participación y el compromiso de todas las jurisdicciones del Estado, como parte integral de las políticas sociales económicas, de ordenamiento urbano y de ocupación del territorio.
· Implementar una gestión democrática y participativa que incluya mecanismos de participación de las organizaciones sociales y de la población en las instancias de diagnóstico, diseño, ejecución, evaluación y control de los planes, programas y proyectos en materia de vivienda y hábitat en sentido amplio (infraestructura básica, equipamiento social y servicios).
· Incrementar los recursos destinados a la política de vivienda y urbanismo, aumentando su participación en relación al PIB, del 0,7% actual hasta alcanzar en forma gradual el 2%, en un plazo de cinco (5) años entre la nación, las provincias y los municipios.
· Diversificar las operatorias habitacionales y priorizar la aplicación de los fondos públicos en la población que no puede acceder por sus propios medios, promocionando su participación como parte de la solución al problema (créditos para compra de terrenos y materiales para la autoconstrucción individual o colectiva, para asistencia técnica, vivienda semilla, evolutiva, mínima, etc.) e incorporar recursos no convencionales como la participación de los beneficiarios organizados en cooperativas, mutuales, sociedades civiles, junto a ONGs, instituciones académicas, Mipymes y la readecuación de los organismos del Estado para que se adapten y participen en este tipo de programas.
· Garantizar la función social de la tierra urbana, facilitando su acceso mediante la cesión de tierras públicas, facilidades para su compra o regularización dominial.
· Prohibir los desalojos forzosos a familias en condiciones de vulnerabilidad económica y social si antes el Estado no ofrece alternativas.
Queremos una política habitacional nacional con un Estado que planifique, promueva y articule, que compense la lógica del mercado inmobiliario, que evite la captación de las políticas de vivienda social por el solo interés de las empresas constructoras o de prácticas clientelares que impiden la organización y el desarrollo de los destinatarios de la política social.
Que se impulse una política nacional del desarrollo territorial, es decir, pese a que nuestro sistema de gobierno involucra dentro del Estado tres niveles con poder de decisión propios, buscar los mecanismos para aunar las soluciones evitando la dispersión de normas aplicables de carácter local, sin ver el conjunto.
Que se establezca la función social de la propiedad, privilegiando el interés general por sobre el individual y garantizando el derecho a la ciudad, a la tierra, y al lugar donde vivir y desarrollarse, que es esencial para cualquier ciudadano.
Que el Estado regule los mercados de tierra y vivienda, con las propuestas de políticas de hábitat que busquen fundamentalmente:
a.- Captación de tierra ociosa (a través de instrumentos como la creación del banco de tierras social). La tierra es un bien que se agota, por lo tanto es obligación del Estado contar con el elemento base para las políticas de regularización dominial y de vivienda.
b.- Captación de la Plusvalía que el mercado inmobiliario adquiere en detrimento de los beneficiarios, muchas veces sin razón, ya que el propio estado a través de obras de infraestructura, mejora el precio de una zona y ese enriquecimiento es aprovechado por los particulares en menoscabo de los beneficiarios y del propio Estado.
c.- Programas para solucionar tanto problemas de infraestructura básica (apertura de calles, desagües pluviales, luz, agua, gas) como también social (transporte, acceso a la salud, a la educación), problemas de vivienda y problemas ambientales (desde la polución, contaminación de napas, basura, etc.).
Organizaciones que participaron y/o adhirieron al documento:
Red Hábitat Argentina
Foro de Organizaciones de Tierra, Infraestructura y Vivienda de la provincia de Buenos Aires.
Consejo Consultivo Comuna 12
Facultad de Arquitectura, Universidad de La Plata (Arq. Jorge Lombardi)
Asociación Civil Madre Tierra
Arq. Carlos Ibañez (Legislatura de la Ciudad Autónoma de Bs. As.)
Movimiento Independiente, Personas en Situación de Calle
Cooperativa 341 Lda.
Cooperativa Luz y Progreso
Cooperativa de Vivienda Puka Llauta
FEDEVI (Federación de Villas)
Coopacyt
Asociación Civil Legado Social
Cooperativa El Ceibo
Cooperativa Madre Tierra del Redentor
Cooperativa El Corralito
Frente de Hoteles
Cooperativa Participar Abasto
Senadora Nacional María Rosa Díaz
Diputada nacional Nélida Belous
Cooperativa Nuevo Hogar
Cooperativa Luz de Luna
Alianza Internacional de Habitantes
Organización de Mesa de la Tierra, Bariloche
Iglesia Cristiana Bíblica, Barrio Cárcoba (Carmen Suarez)
Nuestro Hogar (Gonzalo Esquivel, Rosa Blanco y Julia Salvatierra)
Federación de Cooperativas “Todos Juntos”
AU3 Asociación Luz y Esperanza
Asociación Civil Nuestro Hogar
Asociación Civil Tacita de Plata
Cooperativa " HABITARG”
Diputado Nacional Horacio Alberto Alcuaz
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